Irene Bassanezi Tosi, participante en el programa de Cooperación Internacional de la Universidad Carlos III – Instituto Bartolomé de las Casas de evaluación de las políticas públicas de reparación a las mujeres que sufrieron violencia sexual durante el conflicto armado, nos habla de la efectividad de las políticas de reparación a mujeres víctimas de violencia sexual tras su reciente estancia en Bogotá en noviembre de 2017.
¿Cuál es el perfil de las víctimas que formaron parte de vuestro proyecto de evaluación?
Mujeres de diferentes edades, condiciones socioeconómicas, orientaciones sexuales, etnias, etc. Tratamos de tener en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas y de las comunidades africanas, que tienen sus propias reivindicaciones en el proceso de paz.
Intentamos que el perfil sea lo más interseccional posible para estudiar también si las políticas de reparación tienen en cuenta la diversidad de las mujeres. Para nosotros esta diversidad es importante porque, dependiendo del perfil de la mujer, la reparación debe ser diferente.
Las mujeres son doblemente vulnerables en tanto que víctimas, si además proceden de un grupo minoritario la vulnerabilidad es triple. ¿Ha comprendido el gobierno colombiano que la violencia de género es una violencia diferencial y diversa que requiere una atención específica?
La Alta Consejería de en Bogotá ha creado unas mesas de participación de mujeres. Este es un mecanismo muy interesante para que las voces de las mujeres también se tengan en cuenta, si funciona bien. Allí encuentran a otras víctimas, discuten, debaten… hay mesas específicas para cada comunidad. Además es importante para el empoderamiento político de las mujeres, para que sientan y tengan conciencia de sus derechos.
También es una forma de representar a las mujeres en órganos de decisión…
Sí, aunque esto a nivel teórico es muy bonito, pero luego en la práctica es muy complicado. Yo tuve la oportunidad de conocer a cinco lideresas de comunidades muy empoderadas políticamente, conocedoras de sus derechos. Se auto-organizaban y organizaban sus comunidades, un movimiento extraordinario. Han podido transformar la violencia que sufrieron en un empoderamiento social que revierten a sus comunidades. Creo que precisamente ahora hay una agenda de género en el proceso gracias a la lucha de esas mujeres.
Has mencionado también a las ex-guerrilleras de las FARC entre las víctimas de violencia durante el conflicto. Muchas dicen que cuando decidieron formar parte del grupo sabían a qué atenerse. ¿Hay muchas ex-guerrilleras que se han decidido a denunciar estos abusos?
La única mujer ex-guerrillera con la que hable había salido de la guerrilla hace unos años y me contó que entró en las FARC con 15 años. Es decir, ella fue una niña soldado, y se adentró porque tenía condiciones socioeconómicas muy bajas. Cuando empezó, dice que sufrió violencia sexual por parte de diferentes combatientes, lo cual estaba muy normalizado, sentía que ellas estaban allí para hacer eso, y que sólo cuando salió se dio cuenta de su situación de víctima.
Creo que dentro de las FARC no se ha visibilizado adecuadamente la situación de las mujeres porque siempre se hace mucha propaganda sobre las mujeres soldado empoderadas, y seguramente hay mujeres con objetivos políticos y que sabían a lo qué iban… pero la mayoría no estaba allí para eso. Ella decía que les hacían también un lavado de cerebro muy fuerte.
¿Hay miedo a denunciar?
La cuestión de las denuncias es complicada en todas partes y en este caso del conflicto armado, muchas mujeres no habían denunciado por diferentes motivos. En los conflictos armados siempre hay una gran infra denuncia. Según muchas investigadoras feministas las mujeres no denuncian por vergüenza, estigmatización social, por miedo al aislamiento dependiendo de a qué comunidad pertenezcan, para que no se enteren sus maridos…
Otras veces no quieren denunciar a la Fiscalía por la victimización que se hace de las víctimas por parte de las instituciones, que en vez de apoyarlas cuando denuncian las cuestionan.
Pero también en Colombia algunas mujeres, por ejemplo, de la comunidad africana reivindicaban que en su comunidad es muy difícil porque la comunidad las estigmatiza. Reivindican que el proceso de sanación lo tenían que hacer con sus propias comunidades, que no creen en la psicología o no se sienten cómodas hablando de violencia sexual con un psicológico. Una idea sería incluir esta figura de las “sanadoras” en las instituciones y programas de reparación para que las mujeres africanas se sintieran también incluidas, acogidas y aceptadas en la sociedad colombiana.
En el marco del conflicto armado la violencia sexual es tan brutal que para que cuenten esto, quien escucha también debe estar preparado y formado en cuestiones de género, no puede ser una persona que le re-victimice o no le crea.
Desde las asociaciones se reivindica también que las mujeres negras estén en las instituciones, ya que es más fácil comunicar situaciones más delicadas a gente de la misma comunidad. La violencia sexual en poblaciones como la comunidad negra o indígena son tabús muy fuertes culturalmente, y hay que abordarlo con mucho tacto para que la mujer no sufra más de lo que ya ha sufrido, que no sea estigmatizada ni se aísle más.
Desde el punto de vista jurídico cabe destacar la dificultad de los casos de mujeres que no denuncian, pues no se puede demostrar el abuso y se quedan sin derecho a las ayudas económicas y psico-sociales. Es importante que el gobierno invierta en campañas educativas de concienciación, des-estigmatización, desculpabilización a las mujeres. Ha de producirse un proceso de concienciación o mediación para encontrar la mejor solución común: incluir sanadoras, mujeres indígenas y diversas en las instituciones. Cuanto más diversa sea la representación de las mujeres en las instituciones, más las mujeres recurrirán a ellas sin miedo: “ahí está una compañera que viene de la lucha…” pensarán.
¿Cuáles son las principales dificultades y los principales logros a las que se está enfrentando Colombia en su objetivo de reparar a las víctimas de violencia sexual?
El hecho de que las mujeres afectadas han recibido una indemnización es algo muy positivo, pero el hecho de que se trate de un pago único es una desventaja, pues pasados unos pocos meses vuelven a encontrarse en la misma situación. Habría que mejorar la empleabilidad de las mujeres, pero esto no está pasando debido a la crisis económica que atraviesa el país actualmente. Pero creo que el estado debería hacer un esfuerzo mayor en empleabilidad pues era lo que la mayoría de las mujeres reclamaba en las entrevistas.
Otra de las políticas consisten en la impartición de talleres de emprendimiento para fomentar que las mujeres inviertan el dinero de manera rentable. La parte contradictoria es el posible tinte paternalista de esta medida. Por último, también ha que mejorar la educación, ay que hay muy pocas plazas en universidades.
Habría que priorizar también la educación a las víctimas.
¿El gobierno está lidiando bien con la cuestión o son más los proyectos no gubernamentales los que están favoreciendo la rehabilitación de las víctimas?
Yo creo que es más lo segundo: hay muchas ONGs, por ejemplo, Humanas que ha trabajado en muchas regiones de Colombia, las mesas de mujeres, organizaciones comunitarias…que están haciendo una gran labor. Falta más pro actividad del gobierno.
Habría que mejorar también las condiciones de seguridad para las activistas, que muchas veces son amenazadas por defender los derechos humanos.
Si pedimos que las personas denuncien hay que dar la protección adecuada para asegurar que lo pueden hacer con seguridad.