De un tiempo a esta parte, el proceso de pacificación de Colombia ha desaparecido de las portadas. Tras la polémica en torno al referéndum sobre el acuerdo de paz con las FARC, enmarcada en un año de votaciones con resultado sorprendente (el Brexit, la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, etc.), poco se ha hablado sobre este país a nivel internacional. Parece haberse convertido en un remanso de paz en Latinoamérica, un paraíso al que pueden huir los venezolanos que no aguantan la escasez de alimentos y de medicamentos en su hogar. Sin embargo, las conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la que fuese la segunda guerrilla más poderosa de Colombia después de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, fueron suspendidas la semana pasada después de que una de sus células se atribuyera un atentado en una comisaría en la zona de Barranquillas que se llevó por delante la vida de cinco agentes y dejó más de 40 heridos.
A la firma del acuerdo en noviembre de 2016 entre el líder de las FARC, Rodrigo Londoño (alias ‘Timochenko’) y el Presidente colombiano, Juan Manuel Santos, le siguió la dejación de armas por parte de los exguerrilleros, un proceso que duró hasta agosto de 2017. Poco después, las FARC celebraron su consejo constitutivo como partido político. Para significar su deseo de integrarse en la vida civil, de blandir el estandarte de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia pasaron a denominarse la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Se espera que concurran a las elecciones del próximo 27 de mayo con este hombre y con ‘Timochenko’ como candidato.
A la vista de esto, todo invita a pensar que el proceso de pacificación de Colombia ha finalizado. De hecho, Santos ha capitalizado su papel instigador en él con el Nobel de la Paz que se le concedió el año pasado. Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre el terreno no están de acuerdo con esta afirmación: el vacío de poder que han dejado las FARC está siendo reclamado por otras bandas criminales, los fondos disponibles son insuficientes como para resarcir a las víctimas del conflicto y la sociedad colombiana continúa dividida en lo concerniente a si aceptar o no a los exguerrilleros (hasta tal punto que Santos ha tenido que dejar claro que el dinero que se va a destinar a la reintegración de los antiguos miembros de las FARC va a provenir de ayuda extranjera). Y esto sin empezar a hablar de las dificultades de aplicar el acuerdo de paz, como el hecho de llevar a guerrilleros y a policías que hayan cometido crímenes graves durante el conflicto ante los tribunales.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (ICCR) en Colombia, una de las organizaciones no gubernamentales sobre cuyas acciones se basa este análisis, junto con la ONU, detectó en su informe del 2016 -año en el que ya se habían iniciado las conversaciones de paz- que se habían producido 838 infracciones al Derecho Internacional Humanitario en el país, infracciones que incluyen desplazamientos forzados, violencia sexual, tortura, etc. y que afectaron a 18.671 personas. “La firma del acuerdo de paz no será suficiente para acabar con la violencia en Colombia”, declaró a El País Christoph Harnish, jefe de la delegación de la ONG allí. Y es que el proceso de pacificación no se ha completado y “es importante que el Gobierno colombiano reconozca que aún hay crisis humanitaria”, destacó Jorge Luis Torres, delegado de la Alianza por la Solidaridad (APS), al diario colombiano El Espectador.
Al reto que supone la aplicación efectiva del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, se han añadido los que surgen de las dos situaciones que están marcando la agenda noticiosa en el país: la crisis en Venezuela, país vecino, y las negociaciones con el ELN. Este análisis busca descubrir hasta qué punto están influyendo estas emergencias en el pacto entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias y Bogotá. Para ello, se recogerá cómo, por ejemplo, a las iniciativas de ayuda humanitaria internacional enfocadas a la integración de los exguerrilleros se le han unido proyectos que tienen como objetivo atender la crisis migratoria. ¿Es esto un buen avance, cuando la aplicación del acuerdo de paz con las FARC es tan delicada?
El Calais latinoamericano
Una inflación del 2.616% y una tasa de paro de más del 20% ha acelerado el ritmo de una diáspora que ya comenzó bajo el mandato de Hugo Chávez (Tomás Páez, coordinador de La voz de la diáspora venezolana, el primer estudio a nivel mundial sobre el tema, declaró a El País que “el ritmo de crecimiento de la emigración es tan rápido que es casi imposible mantener los datos actualizados”). De acuerdo con el medio latinoamericano Semana, en 2017 entraron 796.000 venezolanos de forma legal a Colombia. Si bien hay quien utiliza al país vecino como puente para emigrar hacia Estados Unidos o España, 374.000 venezolanos decidieron quedarse ilegalmente en Colombia, a razón de 2.000 por día. De esos 374.000, sólo 69.000 regularizaron su situación accediendo al Permiso Especial de Residencia.
En la totalidad de 2017 se deportaron a 1.500 personas, mientras que en las primeras semanas de 2018 ya van 900 expulsados y no de toda Venezuela, sino de la ciudad colombiana fronteriza de San José de Cúcuta. Esta zona, junto a Villa del Rosario, es uno de los extremos del Puente Internacional Simón Bolívar sobre el río Táchira, es el paso fronterizo por excelencia entre Venezuela y Colombia. En ellas, ante la afluencia de inmigrantes, se han acabado formando asentamientos que traen macabros recuerdos de lugares como Calais, en Francia.
Antes, la ayuda humanitaria internacional se centraba exclusivamente en la integración de los exguerrilleros y en la reparación de las víctimas del conflicto. Por ejemplo, el Comité Internacional de Cruz Roja tiene programas como el de acceso al empleo para los damnificados por la guerra contra las FARC en los que les ofrece formación y ayuda al empleo. A su vez, se centra en conseguir mejores condiciones sanitarias y de acceso al agua para las comunidades más desfavorecidas (14.000 personas) y que aquellos que viven en zonas minadas puedan hacerlo de una manera más segura (11.980 personas). Ahora, el Comité Internacional de Cruz Roja se ha visto obligado a promover iniciativas como la de la instalación de carpas cerca de las oficinas de Migración de Cúcuta y Villa del Rosario para aliviar la espera de aquellos que buscan sellar su pasaporte. Tal y como le especificó un representante de la organización a Venezuela al día, allí ofrecen primeros auxilios, agua y comida -para evitar los golpes de calor- y acceso al teléfono y al wifi para ponerse en contacto con sus familiares. Muchos venezolanos llegan a las oficinas de Migración tras varios días de viaje y sin dinero para adquirir productos.
Nicolás Maduro, presidente venezolano, se ha negado por activa y por pasiva a reconocer la crisis en la que está sumido su país. Con su idiosincrasia habitual, ha llegado a acusar a Santos de bloquear la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, aunque sea él el que aplique dicha prohibición. Ante los medios, Maduro ha instado a su homólogo colombiano que “se tragara sus medicinas”: “Estamos comprando (los medicamentos) en la India y van a llegar muy pronto a Venezuela. Trágate tus medicinas y tu droga y tu cocaína».
Vladimir Aguilar, director del Centro de Estudios Políticos y Sociales de América Latina (Cepsal) de la Universidad de los Andes, piensa que las relaciones entre ambos países están “en un punto crítico” porque “Colombia ha asumido una posición muy directa en cuanto a la crisis interna venezolana, algo que por cierto ayuda poco a su resolución”. Recalca que Colombia debería “flexibilizar los requerimientos de ingreso al país” y que sus medidas de ayuda internacional deberían centrarse en “intervenir de manera más directa en las mafias que operan en la frontera” y participar “en las actividades de contrabando de combustible, alimentos, incluso, de papel moneda”. Para él, “la frontera se ha convertido en la principal fuente económica de comercio y de ganancias ilícitas”.
El académico considera que el Ejecutivo colombiano debería implementar «una estrategia diferenciada» con la crisis de inmigración venezolana «concedido a estas personas un estatus que aún no está muy claro con el Derecho Internacional Humanitario».
El nuevo reto de Santos
El ataque a la comisaría de la zona de Barranquillas ha puesto en relación la crisis de inmigración venezolana con la otra gran crisis que está marcando la actualidad colombiana y que puede hacer peligrar el futuro del acuerdo de paz: de acuerdo con la Fiscalía del país, dos venezolanos están implicados en el atentado del Ejército de Liberación Nacional. De hecho, el Ejército colombiano ha acusado al ELN de reclutar a nuevos combatientes entre los inmigrantes venezolanos que llegan al país.
Las negociaciones de paz con la que fuese la segunda guerrilla más poderosa de Colombia es el nuevo reto del presidente Juan Manuel Santos, que tras el suceso de la semana pasada ha manifestado públicamente que quiere aplicar la doctrina RABIN a las negociaciones de paz con el ELN: “Se combate el terrorismo con toda contundencia como si no hubiese negociación de paz y se negocia como si no hubiese terrorismo”, declaró, tal y como recoge CNN.
El ELN ha insistido en un comunicado a través de las redes sociales que la guerrilla está dispuesta a continuar con la negociación y que, si bien la finalización del cese al fuego dio permiso a sus células para seguir perpetrando actos como el atentado de hace unos días, su delegación acudió puntualmente a Quito para mostrar su deseo de iniciar la quinta ronda de conversaciones. Antonio Guterres, Secretario General de la ONU, aprovechó un viaje a Colombia (donde Naciones Unidas tiene una misión de verificación para comprobar si los exguerrilleros de las FARC se reintegran en la sociedad) para tratar de presionar al ELN para que deje las armas de forma definitiva y se siente a la mesa de negociación.
Sin embargo, el atentado de Barranquillas no ha sido el primero que el Ejército de Liberación Nacional ha llevado a cabo desde que comenzó la ronda de conversaciones de paz con el Gobierno colombiano el pasado siete de febrero en Quito, Ecuador. Los ataques y los secuestros protagonizados por la guerrilla siguen siendo relativamente comunes: no hay más que tirar de hemeroteca y recordar los secuestros de los periodistas holandeses (Derk Johannes Bolt y Eugenio Ernest Marie Follender) en junio o las del militar Fredy Alexander Chaverra y de su pareja, Leidy Bibiana Betancur (que necesitó de la mediación del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR) y de los países observadores en las conversaciones entre insurgentes y el Gobierno colombiano: Cuba, Noruega y Ecuador).
Tras ver todo esto, se puede llegar a la conclusión de que Colombia todavía se enfrenta a dificultades. Como Vladimir Aguilar ha comentado a esta publicación, “lo más difícil y más complejo (del proceso de pacificación en Colombia) está por verse” y los asesinatos acaecidos durante los últimos días “evidencian las dificultades de la paz en Colombia». La pacificación del país no ha finalizado con la firma del acuerdo entre Rodrigo Londoño y Juan Manuel Santos. Se enfrenta a retos provenientes de la aplicación del propio pacto (como implementar de la llamada ‘justicia transicional’ para llevar a los grandes criminales de ambos bandos antes los tribunales o acabar con las grandes concentraciones de tierras en pocas manos, etc.) pero también a otros que nacen de las nuevas situaciones que están marcando la actualidad, como la crisis migratoria venezolana o las negociaciones del ELN que podrían dificultar o alargar el cumplimento de las condiciones del acuerdo con las FARC.
