El pasado 1 de julio México celebró la mayor elección de su historia para elegir al Presidente de la República, renovar las cámaras de diputados y senadores, las gubernaturas de nueve estados y miles de cargos locales en todo el país. Pasada la resaca electoral toca pensar en un país asfixiado por un cerco de violencia, pobreza y corrupción que sitúa al país en una situación crítica y obliga a las entidades sociales a una permanente movilización.
Los grandes problemas que acorralan a México pueden verse de forma circular. Pobreza (y desigualdad), corrupción y violencia se retroalimentan. El avance permanente de cada uno de los tres males impide de algún modo la solución de los demás.
No es fácil saber cuantos pobres hay en México. Las cifras varían entre el 40 y el 50% de la población, entre 53 y 62 millones de personas, según se atienda a los datos oficiales del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social) o a las cifras que ofrece Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, un grupo de más de sesenta organizaciones de la sociedad civil y una referencia en el combate de esta vergüenza nacional.
Su presidente es Alberto Serdán, activista y académico que ha asumido el cargo recientemente y se muestra muy crítico con los datos oficiales y con la manera en que el gobierno pretende atajar el problema. En México la pobreza se mide a través de un sistema complejo. Además de tener en cuenta los salarios, se mide el acceso a ciertos servicios básicos: alimentación, sanidad, vivienda, educación y seguridad social.
“¿Qué hizo el gobierno en este sexenio? Hizo operativos que inducían a las familias a las respuestas en la encuesta nacional del ingreso/ gasto de los hogares con el fin, por parte del gobierno, de medir mejor el fenómeno de la pobreza y desde nuestra perspectiva, después de un ejercicio de monitoreo; en realidad pues de maquillar las cifras”.
Parte de este maquillaje, considera Serdán, son los 2,2 millones de personas que salieron de la pobreza extrema en el actual sexenio, según anunció el gobierno del Partido revolucionario Institucional (PRI).
“Muy penosamente la manipulación por parte de las autoridades hace que sea difícil conocer el éxito de las políticas publicas en niveles mínimos, pero sí nos sirven las cifras para entender que al menos en 25 años no ha habido avances en la superación de la pobreza. Si existe una disminución es realmente mínima para la magnitud del problema en el país”.
¿Cómo se vive la pobreza, por ejemplo, en un barrio de la Ciudad de México? “Hay barrios muy marginales en zonas irregulares, al lado de vías de tren, al lado de ríos de drenaje, con casas de miseria, de cartón, con actividades de subsistencia; pero también está la pobreza urbana donde a la gente no le alcanza para comer, no le alcanza para formar un patrimonio, no le alcanza siquiera para ahorrar”.
A nivel nacional, la pobreza tiene cara de mujer, joven e indígena, como señala el periodista Ignacio Fariza en su reportaje “Viaje a los dos extremos de México”. La desigualdad del país se aprecia en un vistazo al mapa. La pobreza se concentra en los estados del sur, en municipios rurales, aislados y agrícolas como Santos Reyes Yacuná, el más desfavorecido de toda la República.
Faltan pensiones y seguro de desempleo
Como principal carencia, Alberto Serdán apunta a la protección social. La falta de un sistema universal al que se pueda recurrir en caso de necesidad o a la hora de jubilarse. “No existe seguro de desempleo en México y más de la mitad de los mexicanos que debería recibir una pensión no la tiene”. Existen otros como el acceso a una correcta alimentación, sanidad y educación. Si bien reconoce que se ha avanzado en materia de “acceso”, señala que hay que ponerlo entre comillas porque solo significa que la persona está inscrita en una escuela o puede acudir a un consultorio médico, pero los servicios que recibe son de pésima calidad. “Los más pobres reciben los servicios más pobres”.
Esta situación, que durante décadas ha mantenido a la mitad del país en unas condiciones de difícil supervivencia, mantiene a las organizaciones de la sociedad civil movilizadas, en una batalla para que el poder político y el empresariado implementen medidas concretas. Están convencidos de que existen soluciones y se movilizan para que sus propuestas se tengan en cuenta. La principal batalla es aumentar los ingresos y subir el salario mínimo.
Serdán apela al gobierno pero también a las empresas y les propone una máxima: “ninguno de mis trabajadores puede vivir en pobreza porque es indigno que alguien que trabaje viva en pobreza, punto.”
Recientemente el CONEVAL ha revelado que al 41% de los mexicanos (más de 50 millones) el sueldo no les alcanza para adquirir la canasta alimentaria. Actualmente el salario mínimo diario está fijado en 88,36 pesos (3,82 euros), mientras que Acción Ciudadana Frente a la Pobreza sitúa el costo de alimentación diario 11 pesos por encima.
La pobreza como arma electoral
¿Cómo influyen las elecciones en el panorama de la pobreza y la desigualdad? La palabra clave es inventada: “programitis”. Hace referencia al fenómeno de proliferación de más de 3000 programas sociales, según datos del CONEVAL , que se utilizan como herramienta electoral, tal como denuncian las organizaciones civiles. “Los programas sociales están destinados a generar clientelas políticas o mantenerlas, a desplegarse con toda amplitud en época electoral, pero desaparecer en época no electoral”. Este fenómeno de prebendas y compra del voto, es una clara evidencia de la relación tóxica que existe entre pobreza y corrupción.
Este sistema de favores lo señala también Óscar Casillas, analista político y profesor de la UNAM, la mayor universidad de América Latina. Apunta al PRI, el que más años ha estado en el poder en México, como el que mejor utiliza su “maquinaria partidista”. “Tienen representantes por barrios que van, tocan la puerta y saben como convencer a la gente… a través de prerrogativas en pocas palabras. Le dicen a la gente “vota por nosotros porque si lo haces vamos a seguir dando ayudas, a tus hijos les van a dar becas…clientelismo puro. Es así y así funciona.”
Esta corrupción electoral, que se sirve de la escasez de gran parte de la población no es la única en México. Lo sabe bien Miriam Castillo, periodista de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, asociación que ha investigando más de una veintena de corruptelas en el país.
Castillo es coautora de la investigación La Estafa Maestra (premio Ortega y Gasset de periodismo 2018), uno de los casos más emblemáticos por el volumen de fondos desviados, la cantidad de instituciones públicas implicadas y por todas las irregularidades que se han llegado a documentar. Sin embargo, hasta el momento no hay culpables condenados y tal como reconoce la periodista, “es probable que no los haya nunca”.
La Estafa Maestra es un sistema de desvío de fondos públicos mediante un sistema de tres pasos que se repiten. Primero el dinero sale de una dependencia pública, por el momento se han reportado 11, las más importantes: la Secretaría (Ministerio) de Desarrollo Social, la petrolera pública PEMEX y el Banco Nacional de Obras. A continuación es transferido a universidades públicas que actúan de intermediarios y se quedan una comisión. Finalmente el dinero se entregó a 186 empresas, de las cuales 128 se ha demostrado que sufrían algún tipo de irregularidad que les impediría contratar con el sector público de manera legal.
La cantidad de fondos públicos desviados en contratos ilegales que se ha podido documentar hasta el momento asciende a más de 330 millones de euros y hay sospechas fundadas de que La Estafa Maestra sigue en marcha. “Nosotros sabemos que todavía ahorita, en este año, hay dependencias que contratan universidades y a su vez esas universidades contratan a otras empresas”, desvela Miriam Castillo.
El caso de La Estafa Maestra es otro ejemplo de la relación estrecha entre corrupción y pobreza. La trama utilizaba a los llamados “prestanombres”, personas de bajos recursos, residentes en colonias humildes que aparecían como receptoras de contratos de 8 millones de euros. Cuando los periodistas localizaron a alguno de estos prestanombres durante su investigación, era evidente que no habían recibido esa cantidad.
A pesar de las investigaciones detalladas y de los esfuerzos periodísticos por explicar el funcionamiento de la trama, hay un alto riesgo de impunidad. ¿Cómo es posible? La explicación reside fundamentalmente en quién y cómo está investigando.
El peso de las investigaciones recae en los órganos internos de las universidades y las dependencias públicas, es decir, se investigan a sí mismas. La autoridad del sistema judicial que puede investigar es la Procuraduría General de la República (PGR) equivalente a la Fiscalía, que a pesar del calibre del entramado “ha abierto cuatro (investigaciones) si acaso y ninguna ha tenido una ampliación de pruebas, no se ve mucha intención de las autoridades de poder escarbar o ampliar las investigaciones a partir de lo que fue publicado”, tal como informa Miriam Castillo, que abunda en la falta de acción de la PGR: “Toda la trama no necesariamente es ilegal, lo que tiene son huecos… el punto es que hay que demostrar… debería haber una autoridad que esté buscando pruebas para demostrar que eso se hizo con dolo. Y cuando la autoridad que está investigando es la misma universidad o un órgano de la misma universidad que va a sancionarse a sí misma… es un poco complicado.”
Hace falta una autoridad que investigue de verdad. Es la idea que persigue el movimiento #FiscaliaQueSirva formado por más de 300 colectivos, que quieren una reforma completa de la institución que garantice recursos y autonomía para investigar. Una fiscalía que investigue de verdad tanto los casos de corrupción como los innumerables delitos de muerte y desaparición.
Ya han aparecido los tres males que cierran el círculo: la pobreza (y la desigualdad) de la que se aprovechan partidos políticos, empresas y entidades públicas para perpetuar la corrupción. Corrupción que se extiende y afecta también la institución encargada de investigar los delitos. No se investiga, ni la corrupción ni la violencia; y como no hay castigo, los delitos continúan. Cada año más muertos, cada año más desaparecidos.
Desde el año 2006, cuando el recién elegido presidente Felipe Calderón, del conservador Partido de Acción Nacional (PAN) declaró la llamada “guerra contra las drogas” en México han fallecido más de 234.000 personas a causa de homicidios, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INEGI) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB). Es el equivalente a toda la población de la ciudad de Granada. Todos muertos en apenas 12 años.
Además de los homicidios hay en torno a 33.000 personas desaparecidas, también según las cifras oficiales (RNPED), aunque las asociaciones de familiares de víctimas apuntan a una cifra mucho más alta.
El fenómeno de la violencia en México es complejo y diverso. Según los analistas, las organizaciones criminales son responsables de la mayoría de muertes violentas, pero también existen otros fenómenos con distintos niveles de incidencia: violencia agraria por conflictos de tierras, violencia política, guerrillas, violencia contra las mujeres. Se abusa del “narcocentrismo” para explicar la violencia en México, “se trata de explicar todo por la rivalidad entre organizaciones criminales” según señalan René D. Jaimez y Pavel Díaz en la revista Horizontal.
Sin embargo, no se puede obviar la incidencia del crimen organizado en la violencia del país. Los datos reflejan que desde el año 1990 hasta 2007 los homicidios descendieron continuamente. Bajaron a 8.507 muertes y desde entonces no han dejado de aumentar, hasta convertir 2017 en el año más violento de la historia reciente de México con casi 30.000 muertos. ¿Qué pasó en la última década para llegar a esta situación?
Para Raúl Zepeda, investigador sobre violencia y académico del Instituto Belisario Domínguez dependiente del Senado, hay dos motivos principales. El conflicto previo entre organizaciones criminales y los operativos que desplegó el gobierno con la policía y el ejército desde el año 2007.
Causas de la violencia
“Había un conflicto central entre el cártel de Sinaloa y el cártel del Golfo, ambos desplazando tanto al cártel de Tijuana como a otros”. Estas dos organizaciones se alzaron como dominadoras, tomaron el control del norte del país y entraron en conflicto entre ellas. “Con los operativos (a partir del año 2007) lo que hizo el gobierno fue, no solo provocar una guerra entre ellos dos, sino también de ellos dos contra el gobierno”, continúa Zepeda.
Otra clave del aumento de la violencia, según este académico, fue la estrategia de detener a los líderes de las organizaciones criminales. Quedaron descabezadas y aumentó la violencia por dos motivos “uno, por quién iba a tomar el liderazgo y dos, porque una organización viera a la otra débil y quisiera tomar el territorio” y resalta el error en la estrategia “El enfoque del gobierno era ir a por el liderazgo y no (desplegar) un operativo que diera cuenta de toda una organización completa. Desarmar una organización de esas características en bandas chiquitas terminó siendo contraproducente”, remata.
La violencia ha seguido su ascenso durante los años de gobierno de Enrique Peña Nieto (2012- 2018). “Al principio de la legislatura (Peña Nieto) quiso distanciarse de la estrategia del gobierno de Calderón, pero a partir, yo creo, de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, retoma las políticas del sexenio anterior”. Raúl Zepeda considera el tristemente famoso caso de los 43, en el año 2014, como un antes y un después. “(Después de Ayotzinapa) retomaron los operativos, la detención de líderes de organizaciones criminales y la tasa de homicidios aumentó”.
Este sexenio ha sido el del ascenso de una nueva organización criminal, el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los reveses que el gobierno ha causado en los últimos años a otros grupos como Sinaloa, El Golfo y los Zetas ha permitido al cártel liderado por Nemesio Oseguera Ochoa El Mencho expandirse por 14 estados, casi la mitad de la República, y convertirse en “el cartel más notorio de México”, según el portal especializado en crimen organizado Insight Crime.
En este contexto de vuelta a la estrategia de mano dura tras el caso Ayotzinapa, cuyo resultado ha sido más presencia de los militares, más homicidios, más desaparecidos y más abusos de las autoridades; el gobierno de Peña Nieto sacó adelante dos tipos de leyes prácticamente contradictorias. Unas buscan proteger los derechos humanos y otras reprimen con dureza.
Por un lado están las leyes contra la tortura y contra las desapariciones en cuya creación jugaron un papel muy importante las organizaciones civiles y los organismos internacionales que presionaron a un gobierno que no estaba muy por la labor. Prueba de ello es el informe que elaboró el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) contra la tortura, Juan Méndez, donde afirmaba rotundamente que “es una práctica generalizada en México”. Varios miembros del gobierno, entre ellos el actual candidato a la presidencia del PRI, José Antonio Meade, descalificaron su trabajo y no le otorgaron validez.
“Estás dos leyes surgen en realidad porque Naciones Unidas, la OEA y todas las ONG presionaron al gobierno hasta que la sacaron”, señala Raúl Zepeda.
Por el contrario el gobierno ha llevado la iniciativa en otras leyes de carácter más represivo como la reforma de la ley de delincuencia organizada, que amplía el límite para imputar este delito (tres personas puede ser delincuencia organizada) o la Ley de Seguridad Interior, que ha recibido numerosas críticas y apelaciones, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Su presidente Luis Raúl González Pérez, declaró a este medio que la ley “da una gran intervención discrecional de elementos militares. Por ello se interpuso una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de justicia de la Nación”.
Los alcaldes son el objetivo
¿Cómo va a afectar el año electoral en términos de violencia? Por el momento sigue al alza. El primer mes de 2018 cerró con la cifra récord de 2.545 víctimas de homicidio doloso, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Y se han dado varios casos de asesinatos de políticos locales, como Francisco Rojas San Román, precandidato del PRI a la alcaldía en Cuautitlán Izcalli en el Estado de México, asesinado a balazos el pasado 3 de febrero. O el más reciente de Antonia Jaimes Moctezuma, aspirante a la diputación local de Chilapa (Guerrero) por Partido de la Revolución Democrática (PRD), atacada el 21 de febrero. Desde que comenzó el periodo electoral, el pasado 8 de septiembre han fallecido al menos 19 políticos locales (en el cargo o aspirantes), según The New York Times.
En cuanto a las propuestas de los candidatos para acabar con la violencia, el que ha ido más lejos es Andrés Manuel López Obrador, líder de Morena, quien además de la creación de una Guardia Nacional “integrada por todas las corporaciones, por elementos del Ejército y la Marina”, ha puesto sobre la mesa una amnistía a los líderes de los cárteles, aunque no ha desarrollado en qué consistiría realmente. Alfonso Durazo, quien sería Secretario de Seguridad pública si López Obrador es elegido presidente añadió algún detalle sobre la medida, que trataría de “beneficiar a quienes encontraron en la criminalidad una opción de sobrevivencia económica, como los campesinos que viven del cultivo de mariguana y amapola”.
“Es un gran cambio discursivo porque López Obrador ya habla de paz, de conciliación, de otras vías, no solo de militares y mando único”, reconoce Raúl Zepeda, quien se alegra de que los candidatos hablen sobre violencia y seguridad, una novedad respecto a las pasadas elecciones de 2012 en las que “nadie habló de violencia ni de crimen, parece que fue un pacto entre los candidatos”.
La legalización de algunas drogas es otro de los temas que han saltado al debate público. Concretamente fueron varios políticos del PRI los que abrieron la puerta a esta posibilidad como el Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, que se manifestó a favor de legalizar la marihuana en los estados más turísticos y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, quien directamente se mostró partidario de legalizar la amapola y convertirlo en negocio. Sin embargo, el candidato de su partido a la presidencia, José Antonio Meade, está contra estas medidas al igual que Ricardo Anaya.
Estos tres males que se retroalimentan y asfixian al país, los tendrá que afrontar el candidato que salga elegido presidente el próximo 1 de julio. Hasta el momento parece que son las organizaciones sociales quienes tienen las ideas más claras frente a unos candidatos que se han mojado lo justo en lo que va de campaña. El tiempo dirá si son escuchadas y tienen sitio en la toma de decisiones para la gran tarea: romper el cerco.
