Las mujeres de la sociedad civil colombiana conforman un grupo especialmente castigado por el conflicto armado debido a su condición de mujeres en una sociedad machista. Su organización y presión desde hace años han permitido su inclusión activa en el proceso.
El pasado 12 de febrero se inauguraba en la ciudad portuaria colombiana de Tumaco el “mural de la dignidad”, trabajo colectivo realizado por doce supervivientes de violencia sexual y el artista colombiano afincado en Nueva York, Vianey. Éste había sido invitado por Jineth Bedoya Lima, sobreviviente de violencia sexual, líder desde 2010 de la campaña No Es Hora De Callar y recientemente galardonada con el Premio de Mujeres Anne Klein 2018 por su trabajo en defensa de los derechos de mujeres y niñas en los conflictos armados y contra la violencia estructural hacia las mujeres.
“Llegamos a Tumaco hace exactamente dieciocho meses, encontramos mucho dolor, pero también muchas ganas de transformar ese dolor” declara Jineth en una entrevista para Mujer Capital. El resultado, un gran mural protagonizado por una mujer con dos rostros: una mitad sonriente y despierta mientras la otra frunce el ceño y tuerce la boca en expresión de tristeza. Y es que más de medio siglo de conflicto armado y la experiencia propia de la violencia sexual siempre las mantendrá partidas. Sin embargo, los Acuerdos de Paz abren una ventana de esperanza hacia la confrontación de este crimen de manera prioritaria y hacia el asentamiento de las bases de una cultura de paz donde las mujeres sean parte activa del cambio y el fin del conflicto.
Medio siglo de violencia
Según el Registro Único de Víctimas (RUV) el 49,60% de las víctimas durante el conflicto armado colombiano han sido hombres y el 49,65 mujeres. Si bien se trata de una proporción prácticamente idéntica, no lo son así los hechos victimizantes, que se caracterizan en el caso de los primeros por reclutamientos forzados, asesinatos, masacres, amenazas, secuestros, desplazamientos y desapariciones forzadas mientras que las mujeres han sido fundamentalmente víctimas de desplazamiento forzado y violencia sexual, así como de desaparición y asesinato de personas de su entorno.
La Corte Constitucional colombiana reconocía en su auto 092 del año 2008 que la violencia sexual en Colombia es “una práctica habitual, extendida, sistemática e invisible en el contexto del conflicto armado” perpetrada por todos los actores armados del conflicto.
La Unidad de Víctimas del gobierno colocaba en el sexto lugar en número de afectación el delito de violencia sexual, contabilizando 18.552 víctimas. Sin embargo, estos datos distan mucho de reflejar la realidad, revelando en cambio la flagrante infra denuncia de delitos contra la integridad sexual de las mujeres debido principalmente a la estigmatización, la vergüenza, el miedo al aislamiento social o al cuestionamiento por parte de las instituciones.
Existen además múltiples casos de víctimas asesinadas con posterioridad a una agresión sexual, que la mayoría de ocasiones ha quedado sin registrar, lo que empaña aún más la certitud del número de víctimas sexuales y el alcance de este delito.
“Pactantes y no pactadas”
Cuando el gobierno de Colombia inició los diálogos de paz con las FARC en Oslo y la Habana, ninguna mujer era parte plenipotenciaria de la mesa de conversaciones. Y cuando éstas exigieron desde las asociaciones su presencia en el proceso negociador, éste les fue denegado. De este modo se impulsó la I Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, que bajo el lema “Mujeres pactantes y no pactadas” resultaría en la inclusión del enfoque de género como aspecto transversal en los Acuerdos de Paz y en la posterior incorporación de mujeres al proceso negociador con las FARC.
Tres años después, la II Cumbre Nacional de Mujeres y Paz, bajo el lema “Soy Mujer, soy Paz” seguiría luchando por la visibilización y legitimidad de la presencia femenina en el proceso como actor político activo y reconocido.
Los puntos de acción de las mujeres se desarrollan en tres frentes: delegaciones negociadoras, un espacio consultivo participativo y participación directa de las víctimas.
Como consecuencia de esta presión de las asociaciones de mujeres se creó en 2014 la Subcomisión de Género, conformada por cinco personas de cada delegación (Gobierno y FARC) que revisaría los tres acuerdos firmados hasta entonces para que incluyeran un enfoque de género y garantizaran que los posteriores también lo tuvieran. Paralelamente, se fueron habilitando mecanismos de apertura y participación de las asociaciones a las negociaciones en la Habana: envío de propuestas desde la ciudadanía de forma física y telemática e invitación a las víctimas en forma de delegaciones a que expusieran sus casos y realizaran directamente sus aportaciones a la mesa.
Así, los puntos de acción de las mujeres se desarrollan desde tres frentes, de forma directa en las negociaciones a través de las delegaciones negociadoras, a través de un espacio consultivo-participativo desde foros telemáticos y a través de la auto-organización al margen de los mecanismos de la mesa de conversaciones.
“Un acuerdo para las víctimas”
Julio Alberto González Zapata, experto en criminología y derecho penal y profesor en la Universidad de Antioquía habla de un acuerdo que se ha hecho pensando en las víctimas, y lo define como “el más elaborado, detallado e integral” de todos los intentos realizados hasta ahora. Un acuerdo que no sólo pretende disipar el conflicto en el presente sino analizar y “actuar sobre las causas que lo motivaron y permitieron su pervivencia”.
Desde los colectivos feministas y las ONGs se celebra el acuerdo y la inclusión de una perspectiva en género. Irene Bassanezi Tosi, participante en el programa de Cooperación Internacional de la Universidad Carlos III – Instituto Bartolomé de las Casas de evaluación de las políticas públicas de reparación a las mujeres que sufrieron violencia sexual durante el conflicto armado explica lo positivo de la existencia de las mesas de participación de mujeres en Bogotá creadas por la Alta Consejería. “Allí las mujeres encuentran a otras víctimas, hablan, debaten, proponen… además hay mesas específicas para cada comunidad. Se trata de una herramienta de empoderamiento para que las mujeres sientan y tengan conciencia de sus derechos”.
No obstante, en la práctica todo es mucho más complicado, afirma la cooperante, que señala la infrarepresentación de las minorías indígenas, afroamericanas o LGTB en los órganos de decisión así como la dificultad en la adaptación de las políticas de reparación por violencia sexual a las diferentes subculturas colombianas.
Entre las principales dificultades a las que se enfrentan las víctimas de violencia sexual está su recuperación e inserción sociales adecuados, pues aunque reciben una indemnización, se trata de un pago único que les dura sólo unos meses. La crisis económica y las dificultades del Estado para invertir en políticas sociales también juegan en su contra.
Adriana Sánchez Lizama, experta en derechos humanos, derechos de los pueblos y diversidad sexual e identidad de género, enfatiza la tensión derivada de la falta de efectividad en la implementación del Acuerdo de Paz en algunos puntos, materializado con más virulencia en las mujeres y especialmente si estas pertenecen a colectivos minoritarios como los indígenas, cuya situación se ve agravada por la constante violencia en sus territorios y su consiguiente permanente estado de emergencia, que debilita los verdaderos avances en la consecución de sus derechos. Las mujeres indígenas se enfrentan además a la propia condena de sus comunidades en los casos de agresión sexual. A todo esto cabe sumar datos como los que arroja la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia sobre la criminalización de los defensores de derechos humanos (105 asesinados en 2017), que evidencian la falta de protección a la que aún se enfrentan víctimas y activistas así como de la efectividad de algunas líneas clave del proceso.
Miguel Ángel Navarro Lashayas, experto en salud mental en minorías étnicas y en violencia política y catástrofes apunta, sin embargo, a un factor positivo en referencia a la readaptación de las mujeres procedentes de las guerrillas, y es que éstas poseen una mayor resiliencia y mejor capacidad adaptativa que sus homólogos masculinos, debidas fundamentalmente a la diferente adscripción de roles sociales, según la cual la mujer es más fácilmente aceptada como actor social reconocido al margen de la violencia y la lucha armada… a causa, no obstante, de la perpetración de los roles de género tradicionales propios de una sociedad profundamente patriarcal como la colombiana.
“Ha habido un aporte muy importante de la sociedad civil. Y dentro de la sociedad civil quien más se ha movilizado por la paz han sido las mujeres”
Antes de llegar a las mesas negociadoras y siempre paralelamente a esto, las mujeres son quienes más se han movilizado para dar fin al conflicto, explica Navarro, trayendo a colación la Ruta Pacífica de las Mujeres, uno de los principales movimientos impulsores de la paz, de la inclusión de la mujer en el Acuerdo y la visibilización de la violencia de género en medio del conflicto armado.
Las mesas y numerosas organizaciones de mujeres con toda su diversidad, propuestas y requerimientos han sido un elemento indispensable en la conformación del proceso de pacificación y tal y como es, con los avances en igualdad, tolerancia y diversidad que la defensa de sus valores implica.
“Bastantes razones para conservar la esperanza”
Si bien la firma del acuerdo tuvo lugar hace ya más de un año, como afirma Julio Alberto González Zapata, especialista en instituciones jurídico-penales de la Universidad Nacional de Colombia, no se puede confundir la firma del acuerdo con la terminación del conflicto. González enfatiza la longevidad de esta clase de procesos y apunta a que particularmente en el caso colombiano hay muchos puntos que no se están cumpliendo, a lo que hay que sumar las dificultades derivadas de la resistencia de algunos de los sectores más poderosos del país.
Vladimir Aguilar, profesor e investigador de la Universidad de los Andes, le reafirma en el pronóstico de las dificultades a las que se enfrentará Colombia en el futuro próximo. Cuestiones como la justicia transicional, las grandes concentraciones de tierras en manos de unos pocos, la reinserción de los ex-guerrilleros y su inserción en el sistema político suponen verdaderos retos para la nueva etapa que afronta el país.
No obstante, Michelle Kissenkoetter, directora Adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, se muestra optimista y recalca la labor de defensores de Derechos Humanos, organizaciones locales e internacionales. “Hay bastantes razones para conservar la esperanza gracias a la sociedad civil” nos cuenta. Señala, sin embargo, la necesidad de un mayor compromiso político del Estado y de la comunidad internacional, que dice debe “mirar más allá de cualquier firma y de cualquier negociación y estudiar cómo se va a aplicar dicha paz en las comunidades más pobres, más marginalizadas y más victimizadas por el conflicto.”
Fotografía: Mujeres víctimas de violencia sexual participan en Tumaco en la realización de un mural colectivo por la dignidad. Carlos Ortega. EL TIEMPO. Recuperado de Twitter @EL TIEMPO.