Michelle Kissenkoetter, Directora Adjunta para las Américas de Amnistía Internacional, habla sobre lo mucho que queda por hacer en lo que concierne a la pacificación en Colombia, la responsabilidad de los Estados que se han declarado ‘garantes’ del proceso de paz y por qué se deben incluir en las negociaciones a las comunidades más desfavorecidas.
- ¿Qué le parece el acuerdo de paz al que se ha llegado con las FARC?
Desde Amnistía Internacional evitamos pronunciarnos sobre si apoyamos o no procesos de paz, más allá de cuánto respetan dichos pactos tanto los Derechos Humanos (DDHH) como el Derecho Internacional y los impactos que su aplicación pueda tener sobre el día a día de las personas afectadas. El de Colombia no ha acabado con la firma del acuerdo de paz, sino que ahora queda su implementación. Hay aspectos del acuerdo entre el grupo guerrillero y el Gobierno que fueron incluidos para proteger los derechos más básicos de las personas que han sido víctimas del conflicto armado y de las que lo continúan siendo y que no se están cumpliendo.
Ejemplo de esto son, por ejemplo, las cláusulas de no repetición. Las garantías que el Estado tiene que aplicar para asegurar que las víctimas de violencia, de desplazamientos forzados, de ataques físicos, psicológicos, etc. no lo vuelvan a hacer. Estas no se han puesto en marcha y hemos recogido varios casos que así lo demuestran.
Se tendría que incidir más en cosas básicas, como la protección personal y colectiva de las personas en riesgo, pero las medidas de protección ofrecidas por el Estado o bien no están siendo implementadas o bien lo están siendo, pero no son eficaces.
Este año hemos podido ver cómo un número creciente de defensores de los DDHH, de representantes de comunidades indígenas, etc. han sufrido ataques y amenazas directos por parte de grupos armados y el Estado o bien no ha respondido o no les ha ofrecido las medidas suficientes. Por ejemplo, a algunos les ofreció un chaleco antibalas y un teléfono móvil. Imagínense lo que supone enfrentarse a estos grupos fuertemente armados con un chaleco antibalas…
- ¿Ha marcado el acuerdo objetivos irrealizables? ¿La viabilidad de la restitución de tierras, por ejemplo?
El papel que juega la tierra para comunidades como la indígena es central. No es sólo una cuestión económica, sino una cuestión de identidad, de tradición, de vínculo a su historia y a su comunidad, así como, por supuesto, a avances económicos. La restitución de tierras y la resolución de los conflictos en torno a ellas necesita formar una parte central del proceso de pacificación del país.
Hay miles de soluciones que se pueden encontrar que sean aceptables para todas las partes, pero la cuestión es que tienen que ser participativas. Lo último que debemos hacer es imponer una. Es algo que estamos viendo en otros países de la región que han vivido conflictos armados y que han puesto en marcha proyectos de desarrollo económico para sacar a su población de la pobreza. Cuando estos proyectos se han lanzado sin contar con la participación activa, respetuosa e informada de los pueblos indígenas, de las comunidades rurales, nos hemos encontrado con estas han permanecido fuera del desarrollo económico y político del país.
Los ejemplos en este sentido abundan, tristemente. Podemos encontrar comunidades enteras no tienen recursos económicos para atender el estado de salud de sus miembros, su nivel educativo: lo hemos visto en Perú, en Chile, en Argentina, etc. Lo que queremos evitar es que esto se vea en Colombia.
- Desde que el acuerdo entre el Gobierno y las FARC se firmó, la violencia en Colombia parece haber desaparecido de las portadas. ¿Se debe seguir ejerciendo presión internacional sobre el país?
Absolutamente. Todos estos temas de consecución de la paz, de Justicia, de medidas de protección, etc. deberían estar ocupando un espacio central en las discusiones relacionadas con la campaña electoral legislativa y con la presidencial y, sin embargo, no lo están siendo. Los medios de comunicación tienen la responsabilidad no ya sólo de cubrir las firmas de los acuerdos, sino de seguir investigando sobre su implementación práctica, sobre cómo va a mejorar la vida de las personas, sobre todo de las comunidades más desfavorecidas.
Y no sólo los medios de comunicación, si no los Estados terceros, aquellos que se han declarado garantes del proceso de paz con las FARC. Hasta ahora, estos países no han sido capaces de ejercer la presión internacional adecuada y hacer el seguimiento necesario en el país para asegurarse de que el proceso de paz sí que respeta los Derechos Humanos y de que la gente vive una paz tangible.
Hemos visto una división entre aquellas partes de la comunidad que dicen estar a favor y aquellas que dicen estar en contra del acuerdo de paz con las FARC. La gente tiene miedo a criticarlo por miedo a que los puedan criticar por oponerse al proceso de paz. Este no debería ser el caso: hay que tener la posibilidad de cuestionar el acuerdo, de hacerle un seguimiento, de preocuparse por su aplicación sin definirse ni a favor ni en contra del acuerdo.
Todos los procesos de paz pasan por diferentes etapas y hay algunas que necesitan más de compromiso político interno que de presión externa, pero, ahora mismo, el pueblo colombiano, la comunidad internacional, los países que tienen vínculos económicos y políticos con el Gobierno de Colombia, etc. tienen el papel de cuestionar, de interesarse por los que han sido víctimas del conflicto armado de manera desproporcional. Deben insistir en que su apoyo a Colombia esté vinculado con impactos y con compromisos tangibles por parte del Gobierno para cualquier proceso de reconstrucción.
- ¿Hay algún otro proceso de paz del que puedan seguir el ejemplo los colombianos?
Hacer esas comparaciones es bastante complicado. El conflicto armado de Colombia ha sido largo y ha tenido impacto sobre diferentes grupos de la población de forma muy diferenciada. En él se han mezclado temas de corrupción, de tráfico de drogas, lo que le ha vuelto mucho más complejo.
Tristemente, no hay demasiados ejemplos positivos de procesos de paz exitosos, sobre todo en la región. Uno puede mirar a la pacificación de Guatemala. A pesar de que los acuerdos resultaron en la finalización de los enfrentamientos armados, décadas después vemos que las poblaciones más afectadas por el conflicto permanecen marginalizadas porque las cláusulas del acuerdo de paz no fueron bien aplicadas. Lo que nos queda es un país donde sigue habiendo impunidad por los crímenes que ocurrieron durante la época.
Si Colombia tiene que fijarse en algo es, tristemente, en lo que no ha funcionado, en lo que tiene que evitar a toda costa: la falta de protección y de atención integral a las comunidades más afectadas. Como ya hemos tratado de dejar claro, la firma del acuerdo con las FARC no significa la finalización del conflicto armado en el país. Hay que prestar atención a las comunidades más marginales y asegurar que se abra un camino hacia adelante que todos los colombianos puedan recorrer. La aplicación del acuerdo tiene que conseguir que las heridas comienzan a cerrar y que haya un avance económico y político en el país.
- ¿Veremos el final de la violencia en Colombia?
Lo que está claro es que los conflictos armados en el país tienen que acabar. La gente ha sufrido demasiados años y de una forma bastante cruel. No sólo es que se haya violado su derecho a la seguridad y a la vida, sino que dichas violaciones tendrán un impacto durante generaciones, ya que hay niños que han crecido conociendo sólo violencia, sólo inseguridad, sólo pobreza.
Creemos que han llevado a cabo esfuerzos que son bastante positivos. Felicitamos a los defensores de Derechos Humanos, a las organizaciones locales e internacionales que están insistiendo en que no se olviden los derechos de las poblaciones más desfavorecidas en cualquier negociación que se lleve a cabo (no como pasa en otros países, donde sólo participan en las negociaciones grupos con poder e influencia política y que, por tanto, no resultan en pactos que lleven a una paz verdadera y duradera).
Hay bastantes razones para conservar la esperanza en Colombia gracias a la sociedad civil. Tristemente, todavía tenemos que ver un compromiso político bastante más serio por parte del Estado y por parte de la comunidad internacional. Esta última tiene que mirar más allá de cualquier firma y de cualquier negociación y estudiar cómo se va a aplicar dicha paz en las comunidades más pobres, más marginalizadas y más victimizadas por este conflicto armado.