El acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC no es el final del conflicto, sobre todo desde un punto de vista humanitario, y la violencia en las ciudades todavía hace perder el sueño a las ONG en Colombia. De todo esto y mucho más hemos hablado con Andrés Monroy Gómez, asesor de comunicación del Comité Internacional de Cruz Roja (CICR).
- ¿Han cambiado las prioridades del CICR con la firma del acuerdo de las FARC?
Para nosotros, es prematuro hablar de posconflicto en Colombia. Por eso, temas humanitarios, como el apoyo a los familiares de personas desaparecidas, siguen siendo una prioridad para la Delegación. Seguimos trabajando junto con las comunidades afectadas por el enfrentamiento y la violencia armada. Nos preocupa las confrontación armada que observamos en zonas urbanas, consecuencia de la pugna entre distintos grupos que no siempre están ligados con los actores del conflicto armado: casos de violencia sexual, desplazamientos, vinculación de menores de edad a actividades delictivas, entre otros y en ello trabajamos. Una parte importante de esta labor la hacemos con la Cruz Roja Colombiana.
La situación carcelaria es, sin duda, una de las principales causas de intranquilidad del CICR en Colombia. De hecho, el trabajo humanitario en las cárceles fue la actividad con la que comenzó nuestra presencia del CICR en este país. Afortunadamente, tenemos una excelente interlocución con las autoridades: por eso, al tiempo que apoyamos proyectos concretos, hemos visto la posibilidad de compartir nuestras observaciones frente a la actual política criminal y penitenciaria y buscar un escenario que respete la dignidad de las personas privadas de la libertad.
- ¿Qué le parece al CICR el acuerdo de paz con las FARC?
El CICR se limitó a brindar apoyo logístico durante las discusiones de contenido político en la Mesa de Conversaciones de La Habana, por solicitud tanto del Gobierno como de las FARC-EP, a la vez que compartió su experiencia en asuntos humanitarios. Valoramos cualquier iniciativa que represente un alivio para las personas afectadas por el conflicto armado. La disminución de las acciones armadas abría la posibilidad de ocuparse de otras necesidades y eso fue evidente en muchas zonas del país.
En una sociedad como la colombiana, que lleva décadas sumida en conflictos, era difícil imaginar que se llegara a un acuerdo que satisfaciera a todo el mundo. Que las FARC haya pasado de ser un grupo armado a partido político es un avance, pero no es la meta final desde un punto de vista humanitario.
El acuerdo se enfrentará a dificultades, especialmente en un año electoral. Por eso consideramos que tanto los candidatos al Congreso como a la Presidencia de la República deben poner a las víctimas en el centro de sus agendas y de sus programas políticos. Por eso, desde el CICR hemos insistido en cosas la falta de presencia estatal significativa en las zonas que antes controlaban las FARC o que, más allá del fin de las hostilidades y de la firma del acuerdo, hay obligaciones derivadas del Derecho Internacional Humanitario que deben ser cumplidas como, por ejemplo, la búsqueda de las personas desaparecidas y el legítimo deseo de sus familiares a saber qué fue lo que ocurrió.
- ¿Creen que la comunidad internacional debería seguir enviando ayuda a Colombia o que quizás es mejor depender de ONGs internacionales como Cruz Roja para evitar que se pueda acusar a terceros Estados de injerencia?
Es cierto que Colombia ya no está en los titulares de los medios de comunicación internacionales con la misma frecuencia que ocurría durante los años más duros del conflicto armado. Eso podría ser una buena noticia si tras de ello estuviera una reconstrucción total, tanto física como social, de las poblaciones que fueron y siguen siendo afectadas por el conflicto y la violencia armada. Pero, lamentablemente, no es así. En nuestro trabajo en las más remotas zonas rurales y por barrios de ciudades como Medellín y Cali, vemos que las necesidades humanitarias siguen allí.
- ¿Cómo creéis que es la situación de las víctimas del conflicto ahora mismo?
A pesar de que hemos visto una reducción de los actos propios del conflicto armado interno, en zonas específicas del país, como la costa Pacífica, se siguen presentando problemas como el desplazamiento de familias que huyen de situaciones de confrontación. En las ciudades a donde históricamente llegan las familias víctimas estos problemas generan vulnerabilidad económica. Esta es una de las razones por las que el CICR busca que el Estado responda a las necesidades de los afectados y cuenta con programas como el de acceso al empleo. Actualmente, esta iniciativa tiene un enfoque familiar y el 50% de sus beneficiarios son mujeres.