En contra de lo que cabía prever tras los resultados en las urnas del plebiscito por la paz de octubre de 2016, las negociaciones con las FARC llegaron a buen puerto, materializándose en una serie de Acuerdos. Del éxito de este proceso hay que dar crédito no solo a Colombia, sino también a la comunidad internacional, que en diferentes momentos mostró su respaldo a esta paz, al presidente Santos y a su decisión de actuar por encima de los resultados electorales. La entrega a Santos del Premio Nobel de la Paz en el momento en el que las negociaciones corrían mayor peligro fue toda una declaración de intenciones de la comunidad internacional, y un espaldarazo con un efecto similar al de las declaraciones del Santo Pontífice en su visita a Colombia en 2017.
Y es que Colombia ya acumulaba a sus espaldas un buen número de procesos de paz fallidos en los que se mostró reticente a permitir injerencias extranjeras, como ocurrió en 1995 ante la propuesta de la Comisión Nacional de Cooperación de dejar entrar en el proceso a la comunidad internacional. Colombia siempre ha considerado sus problemas de violencia como un asunto nacional (aunque en ocasiones hayan generado conflictos con países vecinos como Ecuador o Venezuela, con quienes llegó a romper lazos diplomáticos en 2008 por la operación Fénix). El país es, entendiblemente, extremadamente celoso de su autonomía en materia de soberanía nacional. Por lo tanto, nos encontramos ante un proceso de paz histórico en cuanto a colaboración internacional, que se intentó por primera vez en los acuerdos de paz de Pastrana; y la comunidad internacional demostró desde un principio, con la firma unánime de la resolución 2261 del Consejo de Seguridad y los rápidos preparativos para una misión de la ONU en Colombia que surgieron de esta, que la solución al conflicto colombiano era una de sus prioridades y que estaba dispuesta a poner toda la carne en el asador.
Todo esto se detuvo de golpe con el resultado negativo del plebiscito. ¿Cómo podían los principales actores externos involucrados -tan variopintos como Chile, Noruega, Venezuela, Cuba, la ONU, o incluso la Unión Europea y el Vaticano- ayudar a pacificar un país dividido en la lucha por la paz? El galardón fue un claro símbolo de su apoyo incondicional, pero tuvo una recepción desigual en Colombia. En comparecencia en Washington a tenor de este premio, el expresidente Uribe mostró su disconformidad afirmando que “los dictadores en nombre de la paz lo que han hecho es eliminar la democracia”, mientras que múltiples voces populares acusaban al presidente de dividir al país y de actuar de forma ilegal. Ni siquiera el Papa Francisco fue capaz de terminar con el desacuerdo entre los dos líderes políticos, Santos y Uribe.
Pero acuciaba llegar a un acuerdo seguro, en especial ante la amenaza de las elecciones de 2018, en las que Uribe se une al otro principal opositor de los acuerdos, el también expresidente Pastrana, para lanzar un candidato común a la presidencia. Rodrigo Granda, de las FARC, denunciaba al diario La Tribune de Genéve: “El diálogo lo apoyan los Estados Unidos, la Unión Europea, el Vaticano, muchos países, personalidades del movimiento asociativo en Colombia. El único que intenta poner palos en las ruedas es un pequeño movimiento de extrema derecha liderado por el expresidente Uribe”. Además, una serie de enmiendas en el año posterior a la entrada en vigor de los Acuerdos ponían nuevamente en peligro la paz.
Y la brecha no es solo doméstica. Uno de los principales problemas ha sido la justicia internacional; el proceso de paz en Colombia es particular porque se busca un equilibrio que permita reconocer a las víctimas como tales, y que dé constancia de las atrocidades cometidas, pero que por otra parte, para poder implementarse, requiere de cierta impunidad para los guerrilleros, evitando condenas de cárcel. Pese a que Fatou Bensouda, Fiscal de la Corte Penal Internacional, mostró cierto apoyo a los Acuerdos, existen dudas razonables de que este tribunal, o más improbable aún si tenemos en cuenta los precedentes, la Corte de Derechos Humanos Interamericana, vayan a ser tan flexibles. Este temor se acrecentó en septiembre de 2016, con las declaraciones de Bensouda celebrando la firma, pero remarcando la importancia de “buscar responsabilidades reales” y “castigos efectivos”. El Fiscal de la CPI sigue monitorizando las investigaciones colombianas de crímenes que puedan entrar en su jurisdicción.
La comunidad internacional ha mediado en este proceso histórico salvando cada escollo a su tiempo y no sin dificultades, respaldando las actuaciones gubernamentales, pero también denunciando las violaciones de derechos humanos de los guerrilleros durante el proceso y dejando claro que sus tácticas de guerrilla no podían ser toleradas en el marco de los acuerdos internacionales, actuando como garantes o aportando asistencia técnica y económica a las negociaciones.
¿Quiénes han sido los principales sostenes internacionales del proceso? Las conversaciones exploratorias (secretas) comenzaron en 2011 y tuvieron lugar tanto en la frontera entre Venezuela y Colombia como La Habana, Cuba. Uribe denunció que estas conversaciones en Cuba estaban teniendo lugar, pero el gobierno lo negó hasta que pudo confirmar la firma de un acuerdo respecto a las reglas y objetivos de las negociaciones en 2012. Finalmente, cuando el proceso comenzó de forma oficial, Cuba y Noruega fueron escogidos como facilitadores en una conclusión lógica; Noruega es un país con una larga tradición en mediación en conflictos internacionales, y La Habana contaba con la confianza del grupo guerrillero por la afinidad ideológica además de haber demostrado ser territorio seguro. También se designaron otros dos facilitadores adicionales, Chile y Venezuela, el primero a elección del gobierno, el segundo a elección de las FARC.
Cuba ha salido especialmente reforzado por estos acuerdos. Tras lograr reunir al Papa Francisco y al Patriarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, Raúl Castro puede vanagloriarse de haber participado más que activamente en la resolución de uno de los conflictos más importantes a nivel mundial. Granda, de las FARC, afirma que Cuba, con Rodolfo Benítez al frente, “brindó toda la seguridad, de alojamiento, de transporte, de salud en plena igualdad para el Gobierno colombiano y para las FARC”, y afirma que gracias a su buen hacer se salvaron obstáculos en las negociaciones. Además, la ausencia de filtraciones y atentados habla en favor de la isla, que irrumpe así en el panorama de mediadores en conflictos internacionales.
Respecto a Noruega, la principal figura ha sido el diplomático Dag H. Nyladner, enviado especial al proceso. Kyle Johnson, analista cubano, afirma en SBNews que el papel de los noruegos y cubanos fue crucial: “en los momentos duros lograron unir a las partes y empujarles hacia una solución aplicando presión donde era necesario”, dijo, y recalcó la importancia de incluir terceras partes de confianza en la mesa. Noruega aportaba no solo sus años de experiencia en mediación en un sinnúmero de conflictos internacionales altamente relevantes; también el enfoque estructurado que les caracteriza, que se demostró necesario en distintas ocasiones. Nylander subraya que las negociaciones se extendieron años más allá de lo previsto, y que no estuvieron carentes de sobresaltos; la mayor crisis para, afirma, fue el asesinato en Colombia a manos de las FARC de 11 soldados del gobierno, lo que causó que se retomasen los bombardeos aéreos por parte del gobierno con gran número de bajas para las FARC, incluido un miembro de la mesa negociadora (en concreto, Jairo Martínez).
Respecto a los países vecinos, Ecuador, Venezuela, Panamá, Brasil y Perú han sufrido todos los efectos del conflicto y de la inseguridad regional que este ha creado, bien sea recibiendo refugiados, padeciendo las consecuencias del narcotráfico y el tráfico de armas, etc. Venezuela principalmente se convirtió en vía de salida del tráfico ilegal y residencia de guerrilleros fugados o heridos. Antes de este proceso de paz, varias organizaciones internacionales habían solicitado la ayuda de la ONU en este campo; la paz no era, por lo tanto, materia baladí para ellos.
Fueron las FARC quienes escogieron Venezuela como garante. El grupo nunca ha escondido su apoyo a Chávez, llegando a afirmar que “el triunfo de Hugo Chávez es importante no sólo para las FARC, sino también para América Latina y para el mundo”, y Venezuela por su parte siempre se negó a la interdicción de actos ilícitos, lo que ha redundado en su favor. Sin embargo, Timochenko, cabeza visible del grupo, afirmó en una entrevista a Telesur que fue Santos quien se acercó al presidente Chávez para que convenciese a la cúpula de los guerrilleros de sentarse a negociar; el presidente Santos no niega que la ayuda de Chávez fue fundamental. así lo ha seguido siendo la de Maduro; cuando Timochenko se incorporó a la mesa de negociación en 2015, el viaje fue realizado en un avión de la estatal Petróleos de Venezuela, por ejemplo. Esta cooperación se ve hoy amenazada por la crisis que vive el país venezolano, y el flujo de refugiados muestra signos de un cambio masivo de dirección.
Chile, por su parte, asumió su compromiso de monitorizar y verificar la implementación de los acuerdos una vez firmados, con la presidenta Bachelet al mando, y lo ha mantenido pese al cambio de gobierno. Piñera, vencedor de las recientes elecciones, siempre se ha mostrado a favor del proceso. Para las negociaciones, Chile designó al embajador Milenko Skoknic, que fue sustituido en 2015 por el ex Ministro de Planificación y Cooperación Luis Maira. En todas sus declaraciones los chilenos han dejado claro lo importante de que estas negociaciones llegasen a buen puerto; Maira, respecto al plebiscito afirmaba que “esta es la elección más importante en América Latina en los últimos 30 años”.
Los cuatro “facilitadores” continuarán, junto con Brasil y Ecuador, siendo garantes de las negociaciones de paz de Colombia, en esta ocasión con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otro frente abierto para el gobierno de Colombia.
Fuera del ámbito regional y de los países elegidos por las propias partes, Naciones Unidas colabora activamente salvaguardando el proceso de paz. Ya en 1998 se implementó un Plan Especial de Coordinación del UNDP para apoyar los esfuerzos pacificadores, considerado un modelo excelente de cooperación, por lo que el trabajo en este área no era nuevo para el organismo. Durante los diálogos de Pastrana con las FARC, la ONU ejerció un papel semiformal, sin ser ni mediador ni garante, de modo similar a lo ocurrido en esta ronda: han destacado tanto los progresos como las amenazas. Tras la firma, colaboran poniendo en marcha el sistema de justicia transicional, llevando a cabo la retirada de minas, ejecutando reformas rurales y reemplazando las cosechas ilegales por las legales. Además, también verifican las 20 zonas de seguridad y 8 campos para la desmilitarización de guerrilleros y su reinserción a la vida civil que se pactaron en los Acuerdos.
El Consejo de Seguridad estableció para esto el mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia integrada por observadores internacionales no armados (resolución 2261 de 2016). Esta coordina el tripe Mecanismo de Monitorización y Verificación, encargado de asegurar la implementación del acuerdo y la observancia de las reglas del alto al fuego y del decomisado de las armas. Estaría integrado por representantes del gobierno colombiano, de las FARC y 450 observadores internacionales no armados. Este mecanismo incluye a representantes de las tres partes, pero no los engloba; así, la misión de la ONU en Colombia no consiste solamente en este mecanismo. En 2016, Ban Ki Moon designó a Jean Arnault como Representante Especial del Secretario General (SRSG) y director de la misión.
La oficina del Alto Comisionado por los Derechos Humanos de la ONU sigue teniendo también un papel importante en Colombia, y su mandato ha sido extendido hasta 2019.
Uno de los pasos contemplado por los Acuerdos fue la solicitud por parte del gobierno colombiano en 2016 a Estados Unidos y la Unión Europea de eliminar a las FARC de sus listas de organizaciones terroristas. Estados Unidos ha sido un aliado peculiar para los procesos de paz. La administración Clinton apoyó la paz, pero hizo de los derechos humanos y la lucha antidroga el centro de su política hacia Colombia, llegando a “descertificarla” y retirarle la financiación por las violaciones a los derechos humanos y por no alcanzar sus objetivos en lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos ha estado vinculado al entrenamiento de unidades militares colombianas en contraterrorismo e inteligencia; pero posteriormente se intentaron prohibir las maniobras del Pentágono con grupos que no respetasen los derechos humanos. En 1998, tras varios golpes de las FARC, Estados Unidos llegó a calificar a Colombia de amenaza a la seguridad nacional.
Obama fue, sin duda, el mayor aliado de este proceso. El ex presidente estableció “Peace Colombia”, un marco de colaboración bilateral de apoyo en el proceso de paz, y dedicó 450 millones de dólares en 2017. Además tiene disponible una parte del ejército para garantizar las condiciones de los derechos humanos, que no ha tenido necesidad de poner en marcha. Además, su enviado Bernard Aronson ha estado presente en las negociaciones y transmitido el apoyo a los Acuerdos.
En la otra cara de la moneda encontramos, por una parte, la negativa del gobierno estadounidense de extraditar a Simón Trinidad, extraditado a Estados Unidos tras un fallido intento de intercambiar su presencia en Colombia por la liberación de secuestrados de las FARC. Condenado a 60 años por su participación en el asesinato de tres mercenarios estadounidenses, el miembro de las FARC había participado en los diálogos del Caguán y sus compañeros exigieron que estuviera presente en las conversaciones de La Habana. Aunque Santos en 2014 no descartó que Trinidad fuese liberado, el acuerdo fue firmado con el líder guerrillero aun en prisión.
También destacan las recientes declaraciones de amenaza del presidente Donald Trump a finales de 2017, afirmando que no descartaba restringir la ayuda estadounidense al país, algo han tensado los lazos entre ambos. Colombia y Estados Unidos son grandes socios comerciales, pero las declaraciones llegan en un momento en que están al borde de nuevas elecciones y podrían precipitar a la elección de un presidente que prefiera nacionalizar la política antidroga.
Por su parte, la Unión Europea ha presionado a Colombia para mejorar su historial de derechos humanos, criticando la impunidad y pidiendo que se implementar las recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos de ONU. Existen iniciativas multilaterales conjuntas con Estados Unidos para luchar contra el tráfico de drogas y actividades ilegales relacionadas, especialmente las que ocurren en países ricos, en su mayoría miembros de la Unión, como es el blanqueo de capitales. Sin embargo, el enfoque de la UE fue diferente y se negó a contribuir a la financiación militar, financiando en cambio los programas de derechos humanos o iniciativas para los desplazados internacionales o el desarrollo alternativo.
La UE es el mayor donante apoyando el proceso post conflicto de Colombia; se presupuestaron al menos 575 millones de euros para contribuir a la implementación de los Acuerdos, con un fondo de préstamos, becas, ayudas para la asistencia técnica, para fortalecer la participación ciudadana y fomentar la resiliencia de las víctimas, etcétera.
Muchos otros países han querido implicarse de una u otra forma en la paz en Colombia, aunque sin tener un papel tan preponderante. El Grupo de Amigos de Colombia, creado en los 90, incluía 26 naciones amigas y contaba con una “Comisión Facilitadora” formada por representantes de varios países, entre ellos Canadá, España, Francia, Italia, México, Suecia o Suiza, así como representantes de las Naciones Unidas. Otras naciones han aportado fondos para el desarrollo o aumentado la colaboración en materias comerciales con el país.
El sector privado y las organizaciones no gubernamentales a nivel internacional también se ha tomado en serio el apoyo a la implementación de los Acuerdos, desde múltiples acercamientos distintos. La Cámara de Comercio europea, por ejemplo, ha creado EmPaz, una herramienta que permite que las empresas midan su contribución a la paz. El Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR), una iniciativa conjunta entre la USAID y ACDI/VOCA, ha reunido a miembros de la comunidad religiosa con representantes de organizaciones defensoras de la diversidad sexual. Las principales ONGs, como Amnistía Internacional o Médicos del Mundo desarrollan distintos proyectos de cooperación en el post conflicto y registran las posibles violaciones de los términos. Empresas como Google, junto a la USAID, IOM, la Agencia de Reintegración Colombiana, la universidad EAFIT y la ONG Colnodo han puesto en marcha las iniciativas “JuvenTIC” y “Ventana para la Paz”, con el objetivo de facilitar el acceso a las nuevas tecnologías para las poblaciones populares y otros actores del conflicto, como ex guerrilleros, para aumentar sus posibilidades de reincorporarse a la vida. También participan en la financiación de proyectos empresariales de personas implicadas en el conflicto.
Todos los entrevistados en Colombia, en general favorables al proceso de paz, pero en ocasiones personas que votaron “no” en el plebiscito, tienen poco que objetar a la actuación internacional, más allá de criticar el Premio Nobel entregado a Santos o la falta de reacción ante la decisión del presidente de seguir adelante con los Acuerdos pese al resultado de la votación. El resto de su implicación parece tener una aceptación general por parte del grueso de la población, que ahora se preocupa más por ver los frutos de una paz aún tambaleante y que tiene que lidiar con factores como las negociaciones con el ELN y la situación de Venezuela. Por un lado, los efectos de los Acuerdos en el turismo y el comercio internacional comienzan a dejarse sentir, pero por otra parte existe el miedo de lo que pueda ocurrir en un país con un problema de tierras, muchas armas no contabilizadas y un alto número de personas que no han recibido otra preparación para su vida activa que no esté ligada a las guerrillas. Los últimos años de la década actual tendrán mucho que decir sobre el fin del conflicto en Colombia.
